Castelló Procuradores

Se concreta en:

• • Seguir el proceso, estar pendientes de todos los pasos y tener informados al cliente y a su abogado.
    • Este seguimiento del proceso no es una actuación pasiva, sino que implica, además, la realización de multitud de consultas diarias, de forma presencial y ante los distintos órganos judiciales, con el objeto de agilizar e impulsar los procedimientos judiciales.

 

• • Responsabilizarse de todos los trámites: recibe y firma los emplazamientos, citaciones, notificaciones, etc.; asiste a todas las diligencias y actos necesarios del pleito. Todo ello en representación y a favor de su cliente.
    • Ello implica que, salvo en los casos excepcionalmente previstos por nuestro Ordenamiento Jurídico, el Tribunal, se va a comunicar con las partes y los abogados a través del Procurador de los Tribunales, representante procesal de la parte.

 

• Transmitir al abogado todos los documentos e instrucciones que lleguen a sus manos.
  • Recibida cualquier comunicación desde el Tribunal, el Procurador tiene la obligación de remitir al abogado copia de estas, a la mayor brevedad, a fin de que puedan ser evaluados los trámites procedentes en beneficio del común cliente.

Como hemos visto, la primera y principal labor del Procurador es la de, en colaboración con el abogado, llevar a cabo las actuaciones que resulten necesarias dentro del procedimiento judicial en beneficio del interés del cliente. Sin perjuicio de ello, existe también una labor o, más bien un deber, de colaborar con el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Este deber de colaboración, va más allá de unas concretas y determinadas funciones (que existen), sino que es un deber genérico y, por tanto, debe regir la actuación del Procurador que, con su buen hacer, favorecerá la agilización de la tramitación de los procedimientos judiciales (dentro de las limitadas competencias que le otorga, hoy en día, nuestro Ordenamiento Juridico).

Para facilitar la labor del Procurador, dentro del deber de colaboración con la Administración de Justicia, los últimos cambios normativos han otorgado a los Procuradores la condición de autoridad pública para la realización de determinadas actuaciones. Así pues, para llevar a cabo determinadas diligencias, por delegación del Juzgado, el Procurador es considerado autoridad y, por tanto, puede llevar a cabo, por sí mismo:

1. El emplazamiento del demandado en un procedimiento
2. La notificación de cualquier comunicación dirigida a terceras personas en relación con un procedimiento judicial (personas físicas, jurídicas, organismos públicos, etc.)

Estas funciones para las que el procurador goza de la condición de autoridad tradicionalmente han sido llevadas a cabo por la propia Administración de Justicia, pero están siendo ampliadas progresivamente y, cada vez, se le faculta para llevar a cabo más actuaciones por sí mismo. Ello es debido, principalmente, a la percepción por parte del legislador y los distintos operadores jurídicos de los notables beneficios que ello supone para la agilización de los procedimientos judiciales reduciéndose notablemente el tiempo para la realización de estas actuaciones y, por tanto, reduciéndose notablemente el tiempo que se encuentra paralizado el proceso judicial a la espera del resultado de estas actuaciones.