Castelló Procuradores

Nuestros Servicios

Representación Técnica

Como representantes del justiciable ante los Tribunales (persona física o jurídica), nos convertimos en colaboradores necesarios tanto para el cliente como su abogado. Respecto del cliente, asumimos todas las comunicaciones que se efectúan desde el Juzgado y hacia el Juzgado en su nombre y representación (recepción de notificaciones y presentación de escritos). Esta actuación se lleva a cabo gracias al poder de representación procesal que nos debe conferir. El poder de representación puede ser otorgado de tres formas distintas:

Ante Notario

Debiendo el cliente satisfacer los honorarios de este. Es recomendable cuando se vayan a iniciar varios procedimientos judiciales, o exista la previsión de tener que intervenir en futuros procedimientos judiciales.

Apud Acta

Ante el Letrado de la Administración de Justicia. Sirve para un único procedimiento y se puede otorgar ante el Decanato de cualquier Juzgado de España para cualquier procedimiento seguido ante cualquier Juzgado (siempre conforme a los horarios y particularidades de cada sede judicial).

Apud Acta Electrónico

Con certificado digital (el DNI electrónico es válido para ello) a través de la página web habilitada al efecto por el Ministerio de Justicia. Para acceder a este servicio pulse AQUÍ
Somos conscientes de que la del Procurador de los Tribunales es, quizá, una de las figuras menos visibles y conocidas de entre todos los intervinientes en nuestra Administración de Justicia. Como quiera que, generalmente, dentro de nuestra labor diaria no está la de asesorar al cliente (facultad limitada a la dirección letrada), nos centramos en esos pequeños detalles que, basándonos en nuestro conocimiento de la Ley e, igualmente, en el contacto directo habitual con los distintos funcionarios de la Administración de Justicia, conseguimos agilizar la tramitación de los procedimientos judiciales.
Respecto del abogado, gracias a nuestra experiencia en numerosos casos seguidos ante las distintas jurisdicciones, nos convertimos en un apoyo tanto para resolver cuestiones jurídicas que redunden en beneficio de nuestro común cliente; diseñando estrategias y preparando el discurrir del proceso judicial.
La diferencia entre un Procurador y otro estriba en la agilidad, celeridad y buen hacer en esos “pequeños detalles” diarios que, sin ser conocidos por el cliente, consiguen que su procedimiento avance al mayor ritmo posible dentro de las limitaciones de nuestra Administración de Justicia.

Actos de Comunicación

En nuestra condición de autoridad pública, podemos asumir, a petición del cliente y siempre por delegación del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado en que se tramite el procedimiento distintos actos de comunicación, que a continuación detallamos.
Estos actos de comunicación pueden ser (y son) llevados a cabo por la propia Administración de Justicia de forma gratuita siempre y cuando no se solicite lo contrario. Este trámite, realizado por el Juzgado de manera gratuita, puede dilatarse desde unos pocos días (rara vez menos de dos semanas) hasta varios meses. Por el contrario, el Procurador rara vez tardará más de una semana en desplazarse personalmente al domicilio facilitado para intentar la comunicación. Así pues, al momento de tener que llevar a cabo determinados actos de comunicación deberá hacerse una ponderación entre lo económico (pagar el coste del Procurador por esta gestión) y el tiempo. Es claro que, si el tiempo no es un factor importante en un determinado caso, nosotros mismos recomendaremos al cliente que el acto de comunicación sea realizado por el Juzgado.
Visto lo anterior, ¿Cuáles son los actos de comunicación que podemos realizar los Procuradores de los Tribunales? Y, no menos importante ¿Cuál es su coste?
  • Órdenes que el Juzgado debe hacer llegar a los distintos Registros Públicos (Propiedad, Mercantil, de Bienes Muebles…)
  • El coste de este servicio viene fijado por los artículos 83 y 24 del Arancel que regula los Derechos a percibir por los Procuradores.
  • Órdenes que el Juzgado debe hacer llegar a otras administraciones públicas, personas físicas y/o jurídicas.
  • El coste de este servicio viene fijado por los artículos 83 y 24 del Arancel que regula los Derechos a percibir por los Procuradores.
  • Solicitudes de colaboración entre Órganos Judiciales.
  • El coste de este servicio viene fijado por los artículos 83 y 24 del Arancel que regula los Derechos a percibir por los Procuradores.
  • Son actos de comunicación dirigidos a las partes intervinientes (o que deban intervenir) en el procedimiento judicial. Pueden estar dirigidas tanto a las partes demandante o demandada como a terceras personas que deban intervenir en la condición de testigos o facilitar determinada información necesaria para la resolución del pleito.

Subastas Judiciales

Intervenimos en nombre y representación de nuestros clientes en aquellas subastas judiciales en que puedan estar interesados.

Actos de Conciliación

Éste es un servicio destinado, principalmente, a empresas implantadas a nivel nacional. Nos coordinamos con el departamento de Recursos Humanos de la mercantil a fin de poder asistir a los distintos actos de conciliación que se celebren ante los distintos Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación en materia laboral. De esta manera, siguiendo las precisas instrucciones de la empresa en cuanto a las posibilidades de alcanzar un acuerdo con el exempleado, nos encargamos de asistir a los distintos actos de conciliación celebrados a lo largo de todo el territorio nacional, eliminando los costes de desplazamiento que suponen la asistencia de miembros del equipo de Recursos Humanos de las empresas. Con este servicio, nos ofrecemos como una prolongación de la empresa, asistiendo a cada acto de conciliación por un precio fijo.

Juntas Arbitrales de Transporte

Éste es un servicio destinado, principalmente, a empresas implantadas a nivel nacional.

Nos coordinamos con el departamento jurídico de la mercantil a fin de poder asistir a los distintos señalamientos ante las Juntas Arbitrales de Transporte.

De esta manera, siguiendo las precisas instrucciones de la empresa en cuanto a las circunstancias de cada caso concreto, nos encargamos de asistir a los distintos señalamientos celebrados a lo largo de todo el territorio nacional, eliminando los costes de desplazamiento que suponen la asistencia de miembros del equipo de los servicios juridicos de las empresas.

Con este servicio, nos ofrecemos como una prolongación de la empresa, asistiendo a cada señalamiento por un precio fijo.

Ejecución

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo ha venido a establecer que, el derecho a una ejecución eficaz se encuentra enmarcado dentro del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva. Por desgracia, la opción elegida hasta el momento para configurar el procedimiento de ejecución civil por nuestro legislador se ha demostrado muy poco efectivo en comparación con su resultado en los países de nuestro entorno (Francia, Bélgica, Reino Unido, etc.). Esto se debe a que, mientras en estos países la labor de la ejecución está encomendada a profesionales similares a los Procuradores de los Tribunales, en nuestro país, se mantiene la reserva de actuación a los Juzgados y Tribunales.
A día de hoy, uno de los grandes problemas de nuestra actual Administración de Justicia es la ineficacia de los procedimientos de ejecución.
En nuestro Ordenamiento Juridico, la ejecución de resoluciones civiles se efectúa siempre a instancia de parte o, lo que es lo mismo, el Juzgado no va a realizar ninguna actuación que no se haya solicitado. Esto, unido a las limitaciones personales, materiales e, igualmente, de los sistemas habilitados para que el órgano judicial pueda conseguir el cumplimiento forzoso de las resoluciones judiciales, supone que los procedimientos de ejecución, en muchas ocasiones se eternizan o, en el peor de los casos, deviene imposible su cumplimiento. Uno de los principales problemas que motivan la desconfianza o desapego hacia la Administración de Justicia se genera, principalmente, en este momento de los procedimientos judiciales. Ello se debe a que, tras el largo y arduo esfuerzo que supone la obtención de una sentencia, los justiciables se encuentran con un procedimiento de ejecución que, en no pocas ocasiones, es más largo y complicado que la obtención de la propia sentencia.
Una vez identificado el problema y, teniendo claras las “reglas del juego” que nos ha dado nuestro legislador, debemos entrar a la parte en que entra en juego nuestra organización como Procuradores de los Tribunales.

Por nuestra parte, como representantes del justiciable, es en la fase de ejecución cuando adquirimos una posición más activa si cabe, presentando periódicamente (en colaboración con los abogados) nuevas solicitudes al Juzgado, a fin de que se adopten las medidas procedentes para la efectiva ejecución de las decisiones judiciales.
Mantenemos un estricto control sobre la evolución de los procedimientos de ejecución, tratando que, por parte del Juzgado, se adopten las medidas necesarias en el menor tiempo posible, verificamos su resultado y, a su vista, las reiteramos o solicitamos nuevas medidas con el único objetivo de conseguir que nuestro cliente obtenga lo que el Juez ha determinado que tiene derecho.
Así pues, siendo el retraso de los procedimientos judiciales un mal endémico de nuestra Administración de Justicia, sin nuestra posición especialmente activa en esta fase de los procedimientos judiciales y, debido a la propia configuración del procedimiento de ejecución, éstos quedarían paralizados.

Coste del Servicio

El coste de nuestros servicios viene fijado por el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
Esta regulación supone una absoluta transparencia en cuanto a lo que los procuradores de los tribunales debemos percibir por cada actuación realizada dentro del procedimiento judicial. Con ello, el cliente, siempre va a poder saber de antemano cuánto van a costar los servicios del procurador que le represente. Igualmente, puede verificar si la cuenta que le es remitida por el procurador se ajusta o no a dicha previsión normativa. Para aquellas actuaciones no reguladas en el Arancel, su art. 3 establece que deberá fijarse la retribución por acuerdo entre Procurador y cliente. En concreto, para los actos de comunicación, tenemos establecida una tarifa que oscila entre los 100€ y 150€ (impuestos no incluidos). Si bien esta es la tarifa general, en función de la distancia y complejidad del acto/s de comunicación a practicar, la misma puede variar por lo que le invitamos a solicitar presupuesto.